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lunes, 5 de marzo de 2018

Establecen plazo de seis meses para resolver quejas contra jueces y abogados

El Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial de la Corte Suprema de Justicia, aprobó este Primero de Marzo el Acuerdo 97, que modifica la estructura organizativa y procedimental de la Dirección General de Inspectoría Judicial y establece nuevos mecanismos de trabajo, para agilizar los procesos disciplinarios en contra de abogados, notarios públicos y funcionarios judiciales de todo el país.

El CNACJ espera que estas modificaciones produzcan resultados positivos a corto plazo, sobre todo ante la entrada en vigencia del nuevo Código de Procedimiento Civil, que ha incrementado la carga de trabajo jurisdiccional.

El acuerdo incluye un “Manual de Procedimiento Administrativo”, que por primera vez establece plazos específicos para la tramitación de las quejas. El proceso disciplinario inicia con la denuncia, queja --verbal o escrita--, o de oficio, cuando el Consejo tenga conocimiento mediante otro órgano o instancia del Poder Judicial, un medio de circulación nacional o por cualquier otro medio.

Las denuncias o quejas podrán interponerse en las Inspectorías Judiciales departamentales, en la Oficina de Recepción y Distribución de Causas y Escritos de la Corte Suprema de Justicia, o verbalmente, ante el Departamento de Atención al Público de la Dirección General de Inspectoría Judicial.

La fase investigativa será de 15 días hábiles, pudiendo ampliarse el plazo por un período igual. Una vez dictada la providencia de apertura, se solicitará al investigado que presente informe en el término de seis días hábiles; concluido este período, se convocará a las partes para que comparezcan a la audiencia probatoria, en un término de seis días hábiles, después de la notificación.
La autoridad administrativa resolverá el caso dentro de los siguientes cinco días hábiles después de concluida la audiencia probatoria, dictando la correspondiente resolución.

El acuerdo establece que el proceso administrativo disciplinario tendrá una duración máxima de seis meses, que iniciará a contarse a partir de la interposición de la queja o denuncia. En caso de que se pasara de este término y esto fuese responsabilidad de la Inspectoría Judicial, “será sujeta a medidas disciplinarias”, manifiesta el documento.

La magistrada Juana Méndez Pérez es también delegada por el CNACJ para  firmar las providencias propuestas por la Dirección  General  de  Inspectoría  Judicial, tales como: seguir informativo, audiencias de conciliación, apertura y evacuación de prueba, copia certificada y remisión para  resolución. La doctora Méndez también podrá proponer al Consejo el cierre del expediente, en caso que sea necesario.

El “Manual de Procedimiento Administrativo” –que ya puede ser consultado en el sitio web del Poder Judicial--, no solo homologa y simplifica los actos de ejecución del proceso disciplinario, sino también rige ahora al personal de la Dirección de Inspectoria Judicial, a todos los profesionales del Derecho incorporados ante la CSJ, a los funcionarios de la Carrera Judicial y a los usuarios de la justicia que presenten quejas o denuncias.
Establece y describe detalladamente los procedimientos administrativos mediante los cuales se desarrollan todas y cada una de las tareas que realiza la Inspectoría Judicial, facilitando un buen control interno de este órgano de la administración de justicia.

El acuerdo destaca que el nuevo Servicio de Notificaciones Electrónicas del Poder Judicial, permite a cualquier persona recibir por e mail o por vía telemática (envío y recepción de datos vía telefónica), las notificaciones administrativas.

La Inspectoría Judicial enviará las notificaciones al Secretario de la CSJ, por medio del Sistema de Registro Único de Funcionarios Judiciales (SIRUFJ), para su firma electrónica y reenvío correspondiente.

Cuando la notificación sea dirigida a un ciudadano que no es abogado o funcionario judicial, se realizará por medio de las oficinas de Notificaciones, ubicadas en el Complejo Judicial Central Managua, en la Dirección General de Inspectoría Judicial de la Corte Suprema o en las Inspectorias Judiciales departamentales de todo el país, explica el acuerdo.





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